La diputada Frinné Azuara Yarzabal, presidenta de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, reconoció que, pese a la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, aún se registran casos en los que hospitales públicos niegan el servicio. Señaló que el Congreso tiene la obligación de dar seguimiento a las leyes aprobadas para garantizar su implementación.
"Cuando aprobamos una ley, después hay que darle seguimiento a lo que se va a convertir en una política pública, porque tenemos que ver que se implemente", dijo.
La legisladora afirmó que las denuncias de organizaciones sobre negativas en hospitales serán atendidas por el Congreso. "Qué bueno que haya este tipo de asociaciones, de organizaciones, para que ellas mismas nos puedan a nosotros estar avisando, estar informando de que en tal o cual hospital las cosas no están funcionando", señaló. Indicó que exigirán cuentas al IMSS-Bienestar o cualquier institución donde no se garantice la atención. "Esto es un derecho y tenemos que hacerlo efectivo... las beneficiarias que lo soliciten sean atendidas conforme a su derecho", expresó.
Azuara Yarzabal añadió que sostendrán reuniones con directores de hospitales donde existan reportes de rechazo a usuarias.
"Vamos incluso a reunirnos con el director del hospital y hacerles saber y ver que han sido rechazadas algunas personas", declaró, al insistir en que las políticas públicas "son para exigir" y deben cumplirse.
Las declaraciones de la diputada se dan luego de que la colectiva ILE expusiera que hospitales públicos continúan sin brindar el servicio de Interrupción Legal del Embarazo o no cuentan con personal no objetor suficiente. Los Servicios de Salud del Estado reportaron únicamente nueve hospitales y unidades médicas que brindan el servicio, entre ellos solo un hospital del ISSSTE. La colectiva señaló que esto deja sin acceso real a mujeres y personas gestantes en al menos nueve municipios.
Además, reportaron que el Hospital General de Soledad de Graciano Sánchez, listado bajo IMSS-Bienestar como unidad que otorga el servicio, en la práctica lo niega y remite a las usuarias al Hospital del Niño y la Mujer debido a la prevalencia de personal objetor de conciencia. También evidenció que, en el Hospital General de Ciudad Valles, de 17 profesionales de la salud, 10 se declararon objetores. En total, de 87 puestos médicos identificados en los hospitales reportados, casi uno de cada tres corresponde a personal objetor.
La despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas fue aprobada en noviembre de 2024, en cumplimiento de una sentencia de la Suprema Corte. Un año después, en noviembre de 2025, el Congreso aprobó una reforma adicional al artículo 150 del Código Penal que amplía las causales de despenalización, incorporando casos de estupro, negación de servicios dentro del plazo legal, pobreza extrema y malformaciones fetales.