Mientras que sólo en el ramo federal, entre 2018 y 2018, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha emitido 221 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, por conductas irregulares que generan daño en contra del erario y que prefiguran elementos de delito, la Fiscalía General del Estado (FGE) registra sólo 60 procedimientos en contra de servidores públicos, por delitos como enriquecimiento ilícito, malversación de fondos, entre otros tipos de hechos relacionados con corrupción.
De acuerdo a sus matrices de datos generados por las auditorías realizadas al gasto federal recibido por instancias estatales, municipales y autónomas de San Luis Potosí entre 2015 y 2018, la ASF ha emitido 221 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, también conocidas como PRAS.
Éstas son definidas por el órgano fiscalizador como la “presunción en el incumplimiento de disposiciones normativas en el desempeño del empleo, cargo o comisión de los servidores públicos” y son emitidas a los órganos contralores de las dependencias auditadas.
Aunque no todas las anomalías por las que son emitidas las PRAS están relacionadas con un delito, el órgano fiscalizador las utiliza cuando presume que el erario ha sido afectado.
La cifra de denuncias penales que maneja la FGE representa apenas 27% de las PRAS emitidas por la auditoría federal.
Garza Herrera aseguró los casos son atendidos por el área de Visitaduría General de la Fiscalía y en la Fiscalía Anticorrupción, las cuales se han ido integrando poco a poco y con la participación de los representantes jurídicos de la alcaldía.
Dijo que ese aletargamiento en la resolución de esos casos, se relaciona a la operación del nuevo sistema de justicia.
El funcionario descartó que este sistema sea laxo, ya que esa tardanza también es porque se solicitan informes a otras instancias como a la Auditoría Superior del Estado o alguna otra instancia, a fin de robustecer la posible responsabilidad del presunto responsable.