El resultado más cuantioso para San Luis Potosí que se registró en el tercer reporte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre el ejercicio de recursos de 2018 ascendió a mil 508.5 millones de pesos, generado por falta de información en el gasto de nómina y en obra pública de 33 dependencias, que recibieron recursos de participaciones federales.
Los resultados de la auditoría de cumplimiento 1272-DE-GF al ejercicio de participaciones federales a entidades federativas señalan que la ASF pidió a la Secretaría de Finanzas que aclare el destino de mil 508.5 millones de pesos en dos rubros.
Sobre el punto de la nómina, la ASF detalla en el punto octavo de la revisión que se trata de 248.6 millones de pesos que se entregaron a 16 dependencias, pero no proporcionaron información que soporte el ejercicio de esos recursos federales.
Debido a ello, establece, no fue posible identificar y validar el gasto de ese presupuesto.
Entre esas dependencias involucradas están organismos descentralizados, instituciones educativas, dependencias estatales, museos y centros culturales.
Las tres dependencias con mayor monto por aclarar son el parque Tangamanga II, con 55.7 millones de pesos, el asilo de ancianos Nicolás Aguilar, que presenta 36.8 millones de pesos y el Tecnológico Superior de San Luis, con 26.1 millones de pesos.
La ASF pidió al gobierno estatal que entregue la documentación que justifique y compruebe el destino de ese dinero.
Otros mil 259.5 millones de pesos estuvieron involucrados en contratos de compras y obras de los que no se remitió información contractual con proveedores y contratistas de obra.
Estos fondos federales de 2018 fueron asignados a 17 dependencias estatales y al Poder Judicial del Estado.
De hecho, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado es la instancia con mayor monto por aclarar, con un monto de mil 090 millones de pesos.
Le sigue el Colegio de Bachilleres con 66.5 millones de pesos; el Ceepac, con 19.3 millones de pesos y la Fiscalía General del Estado, con 13.5 millones de pesos.
Al igual que en gasto en nómina, el órgano fiscalizador pidió también documentación aclaratoria de estas operaciones.