En relación con los hechos acontecidos el día 5 de junio de 2020, la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso, señaló que respeta de forma irrestricta el derecho a la libre manifestación y a la libre expresión de las ideas, pero al mismo tiempo envió un llamado a todas las ciudadanas y ciudadanos a expresar su descontento de forma pacífica.
Lamentamos los daños patrimoniales y simbólicos causados al recinto legislativo, así como la falta de protocolos de actuación y acciones disuasivas por parte de las autoridades competentes que pudieron evitar los disturbios y las detenciones ilegales de las que se han quejado algunos ciudadanos.
"Nos indigna que los verdaderos responsables evadan el castigo a sus acciones, por ello somos enfáticos en manifestar que la actuación de las autoridades debe ceñirse a los principios de legalidad y justicia respecto de las personas que han sido acusadas de conductas delictivas.
"Estaremos vigilantes de que sea respetado el debido proceso para todos los ciudadanos y ciudadanas, así como el estado de derecho en nuestra entidad", dice el comunicado.
"Condenamos -continúan- la violencia sea cual sea su origen y exigimos el respeto de los derechos humanos de todas las personas y una investigación transparente que deje claro quiénes son los responsables materiales e intelectuales de los hechos sucedidos en el recinto legislativo, porque la sociedad potosina tiene derecho a conocer la verdad".
También señalaron que se rechazan las voces que criminalizan la protesta social y a los jóvenes que participaron, así como a quienes dentro de sus discursos expresan, directa o indirectamente, que el grupo parlamentario de Morena o algunos de sus integrantes se encuentran detrás de las manifestaciones.
"A ellos les decimos que ¡las ciudadanas y ciudadanos tienen capacidad de reflexión y voluntad propia. No reconocerlo es una falta de respeto!.
"No caeremos en provocaciones. Si tienen pruebas preséntenlas. Nuestro respeto y reconocimiento para las personas que ejercieron su derecho a la libertad de expresión y decidieron hacer pública su indignación ante el asesinato de Giovanni en el estado de Jalisco.
"Las autoridades ejecutivas y de procuración de justicia deben brindar seguridad y gobernabilidad para el ejercicio de los derechos de todas y todos, por ello pedimos castigo a los responsables y a los funcionarios públicos que por acción u omisión violaron los derechos a la libertad de expresión, de manifestación y de asociación de la ciudadanía", concluyeron.