Mediante una reforma a una ley y a la Constitución Política del Estado, José Antonio Zapata Meráz, diputado del Partido Acción Nacional (PAN), busca establecer como requisito, que, para ser magistrado y Fiscal General, sea necesario aprobar la evaluación de control y confianza.
En la exposición de motivos, refiere que la seguridad pública es un aspecto relevante para los tres niveles de gobierno, por lo tanto, la Fiscalía General y los órganos que conforman el Poder Judicial, deben gozar de independencia para impartir la justicia.
El congresista por el Distrito VII, aduce que tales cargos permiten la preservación del Estado de Derecho, en diferentes niveles, por ello, debe reforzarse su labor mediante un instrumento transparente y apegado a derecho que garantice su confiabilidad.
Expone que plantear dicho requerimiento resulta coherente con el marco legal, ya que incluso, ambos puestos deben de cumplir los mismos requisitos de acuerdo con el artículo 122 BIS de la Carta Magna.
Contextualiza que las evaluaciones de control y de confianza, se desprenden de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Leyes Orgánicas de la Secretarías de Seguridad Pública Federal y Estatales, cuyo contenido debe apegarse a la normatividad del Centro Nacional de Certificación y Acreditación.