El presidente de la Fundación Renace, José Mario de la Garza Marroquín, confirmó este martes que presentó en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, la iniciativa para modificar la ley y obligar al sector público a la reparación del daño de personas detenidas sin justificación.
La reforma implica una modificación al Código Penal del Estado, sin cambiar el orden de su articulado, pero creando el artículo 45 bis, que establezca que una persona acusada en falso es sujeta de derecho y en particular, a la reparación del daño por lo menos desde la perspectiva económica.
El documento agrega una exposición de motivos relacionada con los casos de personas que pueden pasar años privadas de su libertad sin que exista el delito por el que se dice que fueron procesados.
Esto se basa en el Pacto de San José de la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos, que en su artículo 10, establece la obligación de los Estados a cubrir el derecho a la indemnización de las personas, por lo que se refiere a reunir los requisitos de enfrentar una acusación del Estado.
Ésta a su vez aplica cuando la persona queda privada de su libertad, ya sea por la presunción de la gravedad del delito o por una medida cautelar de prisión preventiva.