De acuerdo con una propuesta legislativa del diputado Rubén Guajardo Barrera, el nombramiento del titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Pueblos, Comunidades y Personas Indígenas debe pasar necesariamente por una consulta a los pueblos originarios presentes en el Estado.
Consideró “de gran relevancia” que este nombramiento sea sometido a consulta para que la persona que ocupe el cargo “sea investida de legitimidad de origen, lo cual fortalecerá aún más su figura y el ejercicio de sus funciones”.
Expresó que su propuesta “tiene plena viabilidad política, porque estamos proponiendo algo que el mismo Fiscal General del Estado ha declarado públicamente que está dispuesto a realizar, es decir, someter a consulta el nombramiento, lo que habla positivamente de una voluntad política incluyente que lograría dar una base jurídica sólida a la Fiscalía Especial”.
“Sobre todo, porque en nuestro estado están registradas 400 comunidades y mil 345 localidades indígenas dentro de una población total de casi tres millones de habitantes. Esto quiere decir que cerca de 660 mil 262 personas se consideran indígenas y que, de ellas, 167 mil 520 hablan una lengua originaria”, apuntó.
“Ello significa que, aunque no es población mayoritaria, su proporción es significativa, particularmente porque los pueblos y comunidades indígenas tienen niveles de desarrollo que exigen un compromiso muy claro de los gobiernos con sus necesidades. La primera de ellas: Ser escuchados”.
La iniciativa fue turnada a las comisiones correspondientes para su análisis.