Ante el incremento de casos de feminicidio en la entidad, en el Congreso se proponen elevar las condenas por este crimen hasta 60 años de cárcel, además de que pretende instituir una comisión de seguimiento que verifique las acciones del estado y municipios en materia de Alerta de Género.
Se trata de dos iniciativas publicadas en la Gaceta Parlamentaria correspondientes a la sesión de Pleno de mañana jueves.
En ambos casos, sus promotores, la diputada de Morena, Alejandra Valdés Martínez y el diputado del Movimiento Ciudadano, Eugenio Govea Arcos, coinciden en que el incremento de los crímenes y la violencia contra las mujeres hacen urgentes medidas para controlar su incidencia.
En el caso de Govea Arcos, el legislador propone modificar el párrafo II del artículo 135 del Código Penal del Estado, a fin de elevar las penas por el delito de feminicidio de los entre 20 y 50 años actuales hasta entre 40 y 60 años de cárcel.
El legislador argumenta que la prevalencia de feminicidios en San Luis crece de manera “alarmante”. Señala que en 2018, el estado fue el décimo lugar en este tipo de crimen, con 26 casos.
“Queda de manifiesto”, señala el legislador “la gravedad por la que atraviesa el estado potosino en el tema de los feminicidios”. Advirtiendo que la tendencia señala que 2019 rebasará todas las marcas de incidencia, Govea Arcos señala que por eso es necesario homologar las penas locales al delito con lo que marca el Código Penal Federal.
Por lo que respecta a la iniciativa presentada por la diputada Valdés Martínez, ésta propone una Comisión Especial de Seguimiento a la Alerta de Género.
La diputada señala que la instancia es necesaria debido a que las leyes contra el feminicidio se han endurecido y pese a la misma alerta, los asesinatos violentos contra mujeres se han triplicado en los últimos 3 años, mientras que las violaciones han crecido 40% en ese lapso.
Por lo anterior, la legisladora morenista consideró “que es fundamental que el Congreso del Estado instituya un mecanismo de seguimiento frente a este fenómeno, que el Gobierno del Estado no ha podido controlar”.