Integrantes de los pueblos Otomí, Tének, Náhuatl, Wixárika, Mixteca Independiente y Triqui del municipio de San Luis Potosí instalaron un plantón permanente frente al Palacio Municipal para exigir al gobierno de Enrique Galindo Ceballos el cumplimiento de sus obligaciones hacia las comunidades indígenas y el respeto a su derecho de autonomía.
Durante la manifestación, la representante del pueblo Triqui y extitular de la Unidad de Atención a los Pueblos Indígenas, Palmira Flores García, explicó que la protesta surge ante el abandono institucional y la falta de políticas públicas efectivas dirigidas a los pueblos originarios.
Según detalló, desde el inicio de la administración 2024–2027, encabezada por el secretario general Fernando Chávez, no se ha dado continuidad a los programas de salud, proyectos productivos y capacitaciones que anteriormente beneficiaban a las comunidades indígenas, lo que evidencia un retroceso en la atención gubernamental hacia estos sectores.
Flores García recordó que durante el trienio 2021–2024, bajo la gestión del entonces secretario general Daniel Hernández Delgadillo, se implementaron programas como el Fondo de Salud Municipal, proyectos productivos en siete vertientes y cursos de capacitación en derechos indígenas en coordinación con el Poder Judicial y el Colegio de San Luis.
Sin embargo, lamentó que dichas acciones hayan sido canceladas o ignoradas por la administración actual, lo que ha dejado sin apoyo a cientos de familias indígenas.
La exfuncionaria también señaló que, mientras estuvo al frente de la Unidad de Atención a los Pueblos Indígenas, enfrentó violencia institucional y obstáculos que limitaron su labor, al ser marginada de los procesos de diálogo y toma de decisiones.
Denunció que la visión del actual secretario general se ha limitado a la entrega de apoyos asistencialistas, sin promover estrategias que fortalezcan la autonomía, el desarrollo y el empoderamiento de las comunidades, especialmente de las mujeres.
Las comunidades que participan en el plantón demandan el respeto a su derecho de administrar los recursos públicos municipales destinados a la atención indígena, conforme a su propia organización interna. También exigen la garantía de su libre determinación, su participación directa en la elaboración de políticas públicas y el cumplimiento de las obligaciones legales del Ayuntamiento hacia la población indígena, aun en ausencia de consenso con la figura del director de Asuntos Indígenas.