En menos del 8% de los casos, el Congreso del Estado, solicita la opinión del Poder Judicial, durante la elaboración de reformas, señaló el diputado Luis Fernando Gámez Macías, quien presentó una iniciativa para que los cambios relacionados con sanciones y penas, cuenten con una valoración previa de jueces y magistrados.
La propuesta, dijo, surge en medio de cuestionamientos sobre la aplicación de algunas modificaciones legales. De acuerdo con el legislador, existen reformas que al entrar en vigor terminan contraponiéndose a procesos judiciales o se encuentran alejadas de las causas que pretenden atender.
El planteamiento se centra
en las reformas de carácter punitivo, particularmente aquellas que modifican sanciones o incrementan penas. Según expuso, la intención es que el Poder Judicial participe con opiniones técnicas antes de que este tipo de cambios sean discutidos por los legisladores.
Gámez Macías afirmó que un juzgado atiende cerca de 5 mil expedientes al año, mientras que los secretarios de acuerdos realizan alrededor de 30 mil acuerdos anuales, experiencia que consideró apta para la revisión de iniciativas que posteriormente deberán aplicarse en tribunales.
Además de esta propuesta, indicó que se encuentran en revisión distintos ordenamientos en materias civil, familiar, mercantil y penal debido a la existencia de lagunas y contradicciones derivadas de reformas anteriores. El legislador señaló que estos trabajos buscan actualizar disposiciones que actualmente presentan problemas de congruencia jurídica.