En una situación sin precedentes, el Poder Judicial del Estado se encuentra completamente paralizado; desde la Ciudad Judicial hasta los juzgados y cabeceras distritales, la actividad judicial ha cesado en su totalidad debido a una protesta masiva organizada por trabajadores afiliados a diversos sindicatos.
Los empleados del Poder Judicial han tomado esta drástica medida para presionar al gobernador Ricardo Gallardo Cardona, exigiendo una respuesta inmediata ante la falta de cobertura en el pago de salarios para jubilados y pensionados, así como el retraso en el pago de salarios y prestaciones para trabajadores en activo; este paro afecta tanto al Supremo Tribunal de Justicia como a los juzgados mixtos y de primera instancia.
En la Ciudad Judicial, los trabajadores han permitido el acceso al estacionamiento, pero han cerrado todas las actividades internas, no se permite la movilidad de los asuntos judiciales, y hasta el momento, ninguna autoridad del gobierno estatal ha acudido a la sede para negociar una solución; además, se reporta que no se ha reflejado en las cuentas de los empleados el depósito de las deudas pendientes, algunas de las cuales se arrastran desde el primer año fiscal de la actual administración.
Por causa del paro, el Centro de Justicia Penal en el Centro de Reclusión de La Pila también se encuentra cerrado; bajo el lema "No son privilegios, son nuestros derechos", los trabajadores han cerrado el acceso al personal y exigen el depósito inmediato del dinero retrasado.
El paro incluye el cierre de los juzgados penales tradicionales, los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad, así como los módulos de fotocopiado y las áreas del Centro de Justicia Penal donde se desarrollan los procesos orales de imputación, vinculación a proceso, y las etapas de investigación complementaria y sentencia.
Simultáneamente, los juzgados penales en todo el Estado y los juzgados mixtos de primera instancia en las cabeceras distritales de los municipios también han cesado operaciones; la atención ahora se centra en si el gobierno estatal tomará medidas para abordar las demandas de los trabajadores y reactivar las operaciones judiciales, mientras que el paro sigue afectando el normal desarrollo de los procedimientos legales en el estado.