Se ha atestiguado que hay criminales que llegan a cargos de elección popular, y eso pone en riesgo al país de que a la larga, se normalice que un narcotraficante ocupe una responsabilidad pública, auspiciada por ejemplo, por la tibieza de los gobiernos para impedir que suceda, advirtió la periodista de investigación Sandra Romandía.
La directora editorial de Emeequis y fundadora de Opinión 51, un portal que reúne a 80 colaboradoras femeninas para el relato de México, dijo que falta fortalecer una sociedad que valore más el buen periodismo, que pague por el periodismo, que entienda que el periodismo tiene valor y que no puede ser gratis. Para eso, advierte que todo el tiempo hace falta una academia más unida, sobre todo por los embates de la autoridad máxima de este país, que en este caso es el presidente de la República López Obrador.
Sandra Romandía escribe para The Washington Post Opinion, es coautora de “Narco CDMX” y “Los doce mexicanos más pobres” y promueve ahora “7 mafias chilangas”. Coordinó los equipos de periodistas que investigaron “El cártel inmobiliario en la CDMX”, que tiene bajo la mira de la justicia a varias figuras panistas.
A San Luis Potosí vino a impartir un curso de periodismo de investigación, invitada por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UASLP. En entrevista en un receso, advirtió que hace falta un estado de derecho que garantice hacer periodismo con seguridad y medios que entiendan mejor la industria, que creen modelos de negocio eficaces para evitar la precarización y salvar, rescatar y hacer productivas a las empresas periodísticas.
Dijo que la sociedad necesita periodistas líderes de equipo, que defiendan el periodismo y que sepan convencer a esos empresarios que son dueños, de que el periodismo libre es más fuerte que cualquier sexenio o que cualquier presión de cualquier político.
Precisa que las mayores dificultades de un periodista de investigación, se concentran en los vaivenes que tienen que ver definitivamente con la investigación del narcotráfico y el crimen organizado, “pero en el crimen organizado también hay políticos, y eso tiene que ver también con la investigación de políticos relacionados al crimen organizado”.
Explicó que en la actualidad ella y varios colegas están presenciando la dificultad para investigar temas que tengan que ver con las incriminaciones contra el presidente y su familia.
“Sus maneras de responder al derecho de investigación son muy fuertes en varios sentidos: envían auditorías, te queman públicamente en la hoguera, te buscan algo aunque eso no sea un delito para exponerte”.
Precisa que la venganza contra los periodistas viene desde el poder, y la estamos viviendo ahora como nunca, y eso se une a la dificultad para investigar el crimen organizado.
Dijo que ha sido la tibieza de gobiernos la que ha facilitado la llegada de criminales que terminan en cargos de elección popular,, así como la tibieza de los aparatos de justicia que tampoco han hecho nada al respecto.
Por otra parte, advirtió que a nivel sociedad estamos en el riesgo de que se normalice que un narcotraficante llegue a un cargo popular, pero considera que la parte optimista es que hay ya un despertar de la conciencia desde los movimientos civiles articulados con organizaciones para que no se acepte a ningún delincuente en un cargo de elección popular.