El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado, Héctor Serrano Cortés, señaló que aún no se ha concretado la evaluación sobre la conducta de los concejales de Villa de Pozos, ya que se requiere reunir distintos elementos antes de emitir un juicio.
"Estamos en ese proceso. Si las causales lo ameritan, hay una gran posibilidad de que se considere eso (la destitución). Pero insisto, no queremos anticiparnos ni emitir juicios sin la evidencia suficiente; lo haremos con el tiempo necesario para que el soporte legal sea consistente", explicó Serrano Cortés, quien aclaró que las investigaciones no apuntan a personas específicas, sino a conductas que podrían constituir un ilícito.
El legislador añadió que este tipo de casos requiere seguir una secuencia jurídica. "Estamos obligados como legisladores que de aquí emanan las leyes, no solamente al cabal cumplimiento de las mismas, sino a revisar que estas se apliquen de forma correcta cada que sea necesario. Entonces no tenemos prisa, pero se evidenció lo que presuntamente es una conducta delictiva", dijo.
Aseguró que cualquier procedimiento contra los concejales se basará en la valoración de su conducta y posibles beneficios indebidos derivados de actos ilícitos. "Las consecuencias podrían incluir la remoción del cargo y el procedimiento legal correspondiente. No estamos sustituyendo a la Fiscalía ni a otras autoridades; cada ente debe cumplir con su responsabilidad. Nosotros analizamos los elementos disponibles para determinar los pasos legales que correspondan."
Finalmente, Serrano Cortés recordó que los concejales de Villa de Pozos no fueron electos por voto popular, sino designados por el Congreso, lo que genera una responsabilidad institucional.
"Las condiciones en que se definieron estos cargos corresponden a la legislatura pasada, pero cuando conviene, algunos asumen que tienen la misma legitimidad que un cabildo electo. No es el caso".