La corrupción afecta a tres de cada cuatro empresas en México, lo que se ha vuelto un tema de preocupación, expuso el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). Además, al organismo le inquieta que la percepción de esta práctica sea “particularmente alta” en varias ciudades con actividad económica como San Luis Potosí.
Según la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas 2020 (ENCRIGE, del Inegi), San Luis Potosí fue la sexta entidad del país con percepción ciudadana negativa respecto del marco regulatorio porque se considera es un obstáculo para los emprendimientos. Además, fue la séptima con mayores cargas administrativas.
La encuesta estima en San Luis Potosí un alza de 300 por ciento en los “costos monetarios” para cumplir con las regulaciones de 2016 ($37,182) a 2020 ($144,692), si bien la tabla publicada advierte que este cálculo en particular de SLP pudo tener una variación del 30%.
La entidad quedó en el último lugar de la tabla en cuanto a la sensación de seguridad que dan a las empresas las policías municipales, con 35.3% de opiniones a favor.
En su análisis semanal, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado consideró que este problema tiene que ver con la mala regulación o el exceso de trámites, porque se asocian a ineficiencias de las instituciones públicas y que causan retrasos en la atención de los negocios y fomentan la corrupción.
Destacó que las principales manifestaciones de este fenómeno se reflejan en pagos para agilizar trámites y evitar multas o clausuras de establecimientos.
Añadió que los retrasos en la atención o la excesiva regulación fomentan pagos irregulares o tráfico de influencias para agilizar los procedimientos o trámites, lo que genera costos innecesarios y provoca que grupos de interés se apropien de actividades que corresponden al Estado.
El CEESP consideró preocupante “que la percepción de corrupción es particularmente alta en la Ciudad de México, así como en otras zonas de fuerte actividad económica o fuerte potencial como Mexicali, Juárez, Chihuahua, Torreón, Saltillo y San Luis Potosí”.
La Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas, que dio a conocer la semana pasada el Inegi, mos tró una baja nacional en la percepción de actos de corrupción entre servidores, al disminuir de 82.2% en 2016 a 71.5% en 2020.
“Aunque las autoridades afirman que se ha tenido importantes avances en materia del combate a la corrupción, la verdad es que en México persisten altos niveles de corrupción en la cotidianeidad, lo que limita un buen entorno de negocios, particularmente para las mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas), e inhiben la inversión”, expuso el organismo.