El presidente de la organización civil Cambio de Ruta, Luis González Lozano, exhortó al municipio de Villa de Pozos a abstenerse de prolongar el litigio en torno al amparo que lo obliga a realizar la consulta a personas con discapacidad en la elaboración de su Plan de Desarrollo Municipal.
En lugar de recurrir nuevamente a instancias judiciales, pidió que las autoridades locales asuman una actitud responsable y cumplan con la sentencia emitida por el Poder Judicial Federal.
El activista jurídico informó que el municipio ya fue notificado formalmente del fallo que le ordena subsanar las omisiones en materia de inclusión y participación ciudadana.
Dicha resolución reconoce que el Ayuntamiento no garantizó la consulta adecuada a personas con discapacidad, vulnerando con ello sus derechos reconocidos en la Constitución y en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
González Lozano explicó que, aunque el municipio de Villa de Pozos cuenta con un plazo de diez días para promover un recurso de revisión ante un tribunal colegiado, dicha acción sólo tendría como efecto retrasar el cumplimiento de la sentencia y mantener una situación de violación de derechos humanos.
“El municipio tiene derecho a revisar el fallo, pero hacerlo sólo alargaría una situación que ya ha sido calificada como una violación a derechos humanos. Lo más correcto, lo más democrático y lo más ciudadano”, señaló el representante de Cambio de Ruta.
Asimismo, recordó que funcionarios del Concejo Municipal Interino, declararon previamente ante medios de comunicación su disposición a acatar la resolución judicial. Por ello, González Lozano consideró que el municipio debe honrar ese compromiso público y no retroceder en su postura con nuevos recursos legales que obstaculicen el proceso.
El presidente de Cambio de Ruta advirtió que, de persistir en la vía legal, el municipio no sólo prolongaría el incumplimiento de una obligación jurídica, sino también una deuda social con las personas con discapacidad, quienes históricamente han sido excluidas de la toma de decisiones públicas.