El abogado Juan José Frías Aguilera señaló que contratar oficiales mayores que no cumplen los requisitos de Ley en el Congreso “es una práctica corrupta y recurrente en cada Legislatura”, añadiendo que también lo es entregar jugosos finiquitos a ex empleados.
Recordó que “desde el primer momento” él señaló que Marcelina Oviedo Oviedo no reunía el perfil para ser oficial y criticó que “hasta ahora la Junta de Coordinación Política acepte su error en el nombramiento”.
Dijo que, en el pasado reciente, la misma situación se registró con la designación de José de Jesús Martínez Loredo como auditor superior del estado y con la actual auditora Rocío Elizabeth Cervantes.
A los ex funcionarios citados, el jurista los señaló como responsables de malversar 110 millones de pesos y lamentó que las solicitudes de juicio político que se han hecho en contra de ellos, no han prosperado en el Congreso.
De paso, Frías Aguilera denunció lo que en su opinión fue un finiquito exorbitante para un ex asesor jurídico del Congreso de apellidos González Padilla, quien con un sueldo aproximado de 55 mil pesos mensuales y solo tres meses de trabajo, recibió una liquidación neta de poco más de 328 mil pesos.