Representantes del movimiento feminista en San Luis Potosí consideraron preocupante que solo el 0.1 por ciento de las mujeres agredidas logren la protección del Estado, aunque señalaron que se deben analizar las cifras “en lo fino” para determinar las razones de este indicador y a partir de ahí crear soluciones.
Arely Torres Miranda, integrante de la Mesa Ciudadana de Seguimiento a la Alerta de Violencia de Género, consideró preocupante que el secretario de Seguridad, Jaime Ernesto Pineda Arteaga, diga que su personal “no se da abasto”, recordando que es obligación del Estado garantizar la seguridad de las mujeres, con o sin alerta de género.
Lamentó que en San Luis ya se registren feminicidios “por la falta de pericia o compromiso de las autoridades en aplicar las órdenes de protección” y que los violentadores terminan convirtiéndose en feminicidas “porque saben que no pasa nada”.
A su vez, Urenda Queletzú Navarro, investigadora de la Facultad de Derecho de la UASLP, consideró que se deben analizar los datos “en lo fino”, pues no en todos los casos se han solicitado órdenes de protección.
Lo anterior, porque implica que las autoridades refieran cuál es la situación de riesgo, para lo cual sería vital contar con un sistema de alertamiento para determinar qué nivel de orden de protección se debe emitir, si es emergente o civil.