Mónica Lárraga Sainz asumió la presidencia del Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial del Estado (OAJ), en una nueva configuración del cuerpo encargado de la gestión del presupuesto, recursos humanos y operación administrativa de la institución.
El relevo se formalizó durante la última sesión ordinaria del Pleno, en la que también quedó integrada la nueva etapa del órgano con Berenice de la Rosa Reynoso y José Alfredo Salazar Hernández como consejeros.
El organismo, derivado de la reforma judicial local, tiene a su cargo la administración interna del Poder Judicial, incluyendo la distribución del gasto público, la gestión de personal y la implementación de procesos de modernización y digitalización.
Desde su conformación, la integración del órgano ha estado acompañada de cuestionamientos por la designación de Francisco Ramos Silva como representante del Poder Ejecutivo, siendo ex juez federal destituido por el Consejo de la Judicatura Federal en 2016 por hostigamiento sexual y faltas administrativas, resolución confirmada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2018.
Tras su salida del Poder Judicial federal, Ramos Silva se incorporó a la administración estatal y posteriormente fue designado en el órgano judicial; su nombramiento fue defendido por el Gobierno del Estado al señalar que no existía inhabilitación vigente.