El Congreso del Estado solicitó 349 millones 863 mil pesos para su presupuesto de 2027, de los cuales 303.9 millones se destinarían al pago de personal, equivalente al 86.9 por ciento del total.
La propuesta fue presentada este jueves e incluye recursos para las actividades ordinarias y las consultas a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como a personas con discapacidad.
Además de los 303 millones 944 mil 628 pesos para servicios personales, el proyecto contempla 40 millones 343 mil 965 pesos para servicios generales; 4 millones 268 mil 577 pesos para materiales y suministros, y un millón 305 mil 830 pesos para bienes muebles, inmuebles e intangibles.
Entre los gastos previstos figuran el mantenimiento de edificios, elevadores y baños, reparaciones en espacios acondicionados para personas con discapacidad y la adquisición de equipo de cómputo, cámaras de vigilancia y mobiliario.
Para las consultas, el Congreso contempla 10.5 millones de pesos: 9 millones para pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, y un millón 500 mil para personas con discapacidad. La previsión se incorpora después de que el Legislativo argumentara falta de suficiencia presupuestal para realizar estos procedimientos durante 2026.
Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha solicitado información sobre el cumplimiento de sus sentencias, la planeación de las consultas y los recursos disponibles para llevarlas a cabo.
La solicitud para 2027 supera en 23 millones 143 mil 755 pesos el presupuesto inicial de 2026, de 326 millones 719 mil 245 pesos, lo que representa un incremento de 7.08 por ciento.
Sin embargo, frente a los 338 millones 719 mil 245 pesos que el propio documento estima ejercer al cierre de este año, la diferencia es de 11 millones 143 mil 755 pesos, equivalente a 3.29 por ciento.
La Junta de Coordinación Política (Jucopo) aprobó el proyecto el 6 de octubre. Tras su presentación ante el pleno, deberá enviarse a la Secretaría de Finanzas para su integración al presupuesto estatal de 2027.
El documento también plantea analizar la posible creación de un área especializada en consultas ciudadanas, para lo cual se revisarían sus atribuciones, plan de trabajo, estructura y disponibilidad presupuestaria.