Después de ser inhabilitado 18 años de la función pública por el Congreso del Estado, Francisco Xavier Nava Palacios, exalcalde capitalino, acusó que la determinación del Legislativo fue un “abuso de poder”, producto de un “pacto político” en el que se castiga a quienes promueven una obra vial de beneficio y se deja impunes a los corruptos.
Aseguró que Juan Francisco Aguilar Hernández, presidente estatal del PAN, diputado y secretario de la Comisión Jurisdiccional del juicio político incurrió en conflicto de interés, porque presuntamente fue socio de Jorge Dorantes, abogado del ejido Rancho Viejo La Libertad, parte en el litigio.
Más tarde, a través de su cuenta de twitter, el aún presidente estatal del PAN aseguró que Nava se victimiza, que todo se hizo apegado a la ley y que el abogado de los ejidatarios no es su socio.
En el dictamen, se justificó liberar de toda responsabilidad a ex regidores panistas como la presidenta estatal electa del PAN, Verónica Rodríguez; en cambio se sancionó a regidores de Morena, Movimiento Ciudadano y PRD.
Nava Palacios recriminó que el diputado Alejandro Leal Tovías haya votado a favor de la sanción, dado que cuando fue secretario general en el Gobierno de Juan Manuel Carreras fue uno de los funcionarios que defendió la obra en colaboración con el Ayuntamiento que entonces encabezó Nava.
“Haremos todo lo posible por visibilizar a nivel nacional e internacional, lo que en su momento denunciamos, no se había visto una ofensiva política tan descarada como las que los Gallardo y ahora distintos actores han desatado en nuestra contra por todos los medios”, denunció.
Durante la interlocución donde estuvo acompañado de exregidores también sancionados, negó que existiera la supuesta violación al ordenamiento federal y aseveró que hubo la complacencia de llevar a cabo una “revancha personal”.
Afirmó que no existe “prueba alguna” en el amparo dentro del Juzgado Octavo de Distrito, consistente en el desacato de un mandato judicial. “No existe una prueba de esa naturaleza”, dijo.
Agregó que, de acuerdo con los planos actuales del ejido Rancho Viejo La Libertad, que obran en el Registro Agrario Nacional, los cuales resultan de las modificaciones sucedidas a través de distintas afectaciones por procedimientos expropiatorios, el sitio de trabajo no se encuentra en terrenos ejidales.
“Es evidente que todo este procedimiento tuvo una motivación política y no jurídica, y que, de forma muy lamentable, las y los diputados locales han demostrado sumisión al actual titular del Poder Ejecutivo del Estado, Ricardo Gallardo Cardona’”, concluyó.