Claudio Alberto Alvarado Barragán, magistrado de la Sala Superior Unitaria del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), propuso una reforma legal para ampliar plazos y términos en el juicio de nulidad.
El juzgador administrativo propuso incrementar de tres a cinco años el plazo cuando sean las autoridades las que impugnen una resolución administrativa o fiscal favorable a los particulares, por considerar que lesiona a la administración pública o al interés público, contado a partir de la fecha de la resolución impugnada.
Además, propone que se consideren medidas provisionales y de seguridad las disposiciones que dicte la autoridad competente para proteger la salud, la seguridad pública y en el cumplimiento de la normatividad referente a actividades reguladas que requieran de concesión, licencia, permiso, autorización o aviso.
Sugiere que las medidas provisionales y de seguridad deberán ser notificadas al interesado. De implicar acciones a cargo de éste, se le otorgará un plazo adecuado para su realización.
Agregó el magistrado que dichas medidas tendrán la duración estrictamente necesaria para la corrección de las irregularidades respectivas.