Derivado del incremento de robo de materiales en instalaciones de servicios privados o públicos, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona envió una iniciativa de reforma legal para calificar como robo calificado la sustracción de cable de cobre, aluminio, acero, níquel o cualquier otro material que conduzca energía eléctrica, agua o gas.
La propuesta remitida al Congreso del Estado implicaría aumentar en dos terceras partes más las sanciones correspondientes al robo simple.
La iniciativa argumenta que el robo de líneas de conducción eléctrica representa pérdidas millonarias para los tres órdenes de gobierno, los cuales se ven obligados a reparar continuamente los daños, a fin de poder seguir brindando el servicio de alumbrado público.
Asegura además que ese ilícito ocasiona consecuencias severas que superan “por mucho” la gravedad del robo y se requieren penas “más altas para castigarlas”, complementa.
Argumenta que, con base en el principio de proporcionalidad de la pena, es jurídicamente viable incrementar las penas correspondientes para sancionar dicha agravante con dos terceras partes más.
Para tal objetivo, sugiere reformar la fracción XII y adicionar el último párrafo del artículo 218 del Código Penal del Estado.
“Debido al daño ocasionado por dicha actividad delictiva, se interrumpe por uno o varios días el servicio público que prestan tales instituciones, lo cual produce un daño al erario público y sobre todo, la atención a la ciudadanía”, sostiene.