Presentan iniciativa para ampliar el plazo para la prescripción de las faltas administrativas graves, pasando su duración actual de 7 a 10 años. El diputado José Antonio Zapata Meraz dijo que con esa medida se reformaría el artículo 73 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de San Luis Potosí.
En su exposición de motivos, señala que la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de San Luis Potosí, significó la vigencia de un nuevo conjunto de herramientas contra la corrupción, que en armonía con las leyes federales, establece las faltas administrativas graves que involucran cohecho, peculado, desvío de recursos públicos, utilización indebida de información, abuso de funciones, actuación bajo conflicto de interés, contratación indebida, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, encubrimiento, desacato y obstrucción de la justicia, que se encuentran contenidas en los artículos 50 a 63 de la citada Ley local.
“Como se puede apreciar, las conductas clasificadas como faltas administrativas graves, causan severos daños a la función pública, ya que afectan a los fondos públicos, al cumplimiento del deber de las instituciones y a su independencia, e incluso los intereses de particulares al vulnerar los principios de igualdad en las relaciones con los entes públicos, por lo que dañan enormemente la credibilidad de las instituciones y de quienes se desempeñan en ellas”, afirmó.
Considera que el esquema de sanciones para los servidores públicos por faltas graves, busca corresponder al alcance de las mismas, y contemplan la suspensión del empleo, cargo o comisión; destitución del empleo, sanción económica e inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.
La facultad para ejercer la imposición de sanciones está sujeta a la prescripción, que de acuerdo a la Ley contiene una prescripción negativa, aplicable a los 7 años de cometida una falta administrativa grave, sin embargo, en esta propuesta se considera ampliar el plazo de prescripción para tales infracciones, dejándolo en 10 años, ya que se buscan generar condiciones disuasivas que reduzcan el umbral de impunidad.