Servidores públicos que permitan o no impidan delitos podrían ser sancionados penalmente en San Luis Potosí. El diputado César Arturo Lara Rocha presentará una iniciativa para reformar el Artículo 316 del Código Penal y tipificar la omisión en el servicio público como participación delictiva.
La propuesta establece que funcionarias y funcionarios que intervengan en un delito, ya sea por acción directa o por no actuar pese a tener la obligación legal de hacerlo, enfrenten un aumento de hasta la mitad en la pena de prisión, además de destitución e inhabilitación de tres a diez años.
Actualmente, el Código Penal sanciona el uso del cargo para cometer delitos, pero no define con claridad la responsabilidad cuando la participación es indirecta. La reforma busca incorporar de forma expresa la facilitación, la coadyuvancia y la omisión.
El planteamiento considera que un servidor público también es responsable cuando, desde su función, permite la comisión de un delito, por lo que estos casos dejarían de tratarse como faltas administrativas.
De aprobarse, la reforma ampliaría la responsabilidad penal de funcionarios al incluir los casos en que, sin ejecutar directamente un delito, lo hacen posible desde el cargo.