La comunidad de San Juan de Guadalupe propone aportar más de diez mil de las 14 mil hectáreas que posee para conservación ambiental y sustentabilidad urbana, si no se obstaculiza su proyecto de asociarse con empresarios para desarrollar más de dos mil hectáreas.
La comunidad es dueña de 14 mil 869 hectáreas por reconocimiento del gobierno federal, en 1954, a sus derechos desde el virreinato. De esa cantidad, el gobierno federal les ha afectado con tres expropiaciones superficies de 232, 35 y 56 hectáreas para regularizar espacios de vivienda social (CoRETT), para el vaso de la presa de Cañada de Lobo y para infraestructura de la CFE. De las tres expropiaciones sólo les pagaron la de la Comisión Federal de Electricidad, el resto sigue pendiente.
Además, el Gobierno del Estado ocupó, con incumplida promesa de pago a la fecha, 15 hectáreas para construir el bulevar Rocha Cordero. El comisariado de la comunidad señala que en 2002, el activista Carlos Covarrubias Rendón “hace un convenio con el comisariado ejidal y con gobierno del estado y se adjudica una superficie de 7 hectáreas siendo su prestanombres el señor Juan Uresti”.
Esta superficie es donde se ubican el Hospital del Niño y la Mujer, la Universidad San Pablo, la Universidad Politécnica “y aproximadamente 1500 solares que sirven de casa habitación”. Para el comisariado, la situación de estos predios, que nunca se pagaron a la comunidad, está en proceso de deslinde.
Además del pago de los adeudos por expropiaciones y ocupaciones irregulares, el comisariado demanda que se respete el derecho de la comunidad a destinar 2 mil 068 hectáreas ya en proceso de negociación para una sociedad inmobiliaria con empresarios. En atención a la necesaria sustentabilidad urbana, se aportaría una superficie similar inmediata como zona de amortiguamiento. Y estarán de acuerdo en que 8 mil hectáreas de bosque fueran declaradas área natural protegida.