Mediante una reforma al Código Penal del Estado, Edmundo Torrescano Medina, secretario de Organización Política del PRI, en su carácter de ciudadano, busca que el robo en instituciones educativas y hospitalarias, se castigue con penas 3 a 12 años de prisión.
Así como una multa económica de 300 a mil 200 del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir, de 26 mil 886 pesos a 107 mil 544 pesos.
La iniciativa intenta adicionar un segundo párrafo al artículo 217 del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, enfocado a los atracos en ambos inmuebles.
En la actualidad, la penalidad dispone que las acciones delictivas que ameritan tal sanción proceden cuando los bienes son de valor científico, artístico, histórico, religioso o cultural, cuya preservación sea de interés social.
De acuerdo con el planteamiento, la pena aplicará con independencia del valor que tengan los bienes sustraídos y se perseguirá de oficio, al ser bienes de utilidad pública.
Aduce que lo robado es patrimonio que muchas veces es adquirido, a través del trabajo y la suma de esfuerzos y voluntades entre el gobierno y la sociedad y que, ya instituidos en el desahogo de un procedimiento, se encuentran ante un impedimento para que el juzgador castigue tales acciones.
"Debido a que generalmente, las denuncias presentadas por este delito, nos prosperan en razón de que quienes las presentan, carecen de la personalidad jurídica de representación como apoderados legales de los bienes muebles, por lo que al llegar ante un juez, se determina la falta de este elemento fundamental para ejercer la acción penal, quedando impune el daño causado a los bienes públicos y a la sociedad", advierte.