Las instituciones públicas de San Luis Potosí tendrían que facilitar permisos y ajustes de horario a sus trabajadores que sean víctimas de violencia familiar, de género o sexual, de acuerdo con una iniciativa presentada por la diputada Sara Rocha Medina.
La propuesta busca reformar la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado para que las personas afectadas puedan acudir a recibir atención médica, psicológica o jurídica sin consecuencias negativas en su relación laboral.
También plantea que las dependencias protejan la confidencialidad de la información, eviten actos de discriminación o represalias e implementen mecanismos internos de acompañamiento y orientación sobre los servicios públicos disponibles.
Sin embargo, el proyecto establece que las medidas se aplicarían dentro de las atribuciones y posibilidades presupuestales e institucionales de cada dependencia. Además, señala que las instituciones deberán "procurar" los permisos y ajustes, por lo que no los plantea como una obligación automática.
Rocha Medina argumentó que la reforma daría sustento legal a medidas de apoyo que actualmente se aplican de manera aislada dentro de algunas instituciones públicas.
La iniciativa fue turnada a las comisiones de Trabajo y Previsión Social e Igualdad de Género, donde deberá ser analizada antes de una eventual votación en el Pleno.