El gobernador Ricardo Gallardo Cardona presentó una iniciativa al Congreso para sanear el sistema de retiro a través de aportaciones presupuestales de las dependencias vinculadas al mismo.
La Gaceta Parlamentaria del Congreso incluye la iniciativa del mandatario para reformar el artículo 28 de la Ley de Pensiones del estado, que establece que en caso de insuficiencia presupuestal en los fondos de retiro, serían las dependencias involucradas los que las solventarán.
La iniciativa reconoce que la DGP "actualmente carece de los recursos necesarios para hacer frente del pago de las pensiones", atribuyendo la situación a "los malos manejos de los anteriores gobiernos que destinaban los recursos a otros fines o se mantenían ajenos a la problemática financiera que venía arrastrando dicha Dirección por años, sin darle los recursos necesarios para su operación".
También reconoce que, pese a que se destinaron 194 millones de pesos en 2023 para solventar los pagos del subsistema de Telesecundarias, "esto no es suficiente para garantizar el pago de las prestaciones a que tienen derecho los trabajadores activos y pensionados del sector que presente déficit".
Actualmente, el artículo 28 establece que si no hubiera recursos para pagar las prestaciones en uno o varios fondos de Pensiones, "el déficit que hubiere será cubierto por las instituciones de administración pública estatal, o municipal en su caso".
La iniciativa señala que esta norma no establece el mecanismo para concretar el fin ordenado, y que su propósito es definirlo, modificando ese párrafo y adicionando cinco más.
En ellos se establece que en caso del colapso de un fondo, Pensiones solicitará a Finanzas o a las tesorerías municipales en su caso, con seis meses de anticipación a la ocurrencia del agotamiento, los recursos necesarios para enfrentar el déficit.
Los órganos financiadores deberán "garantizar el pago de las prestaciones" con cargo a los ingresos excedentes o a los respectivos presupuestos de egresos de aquellas instituciones de la administración pública estatal o municipal en su caso.
A más tardar en agosto de cada año, la DGP deberá reportar a Finanzas o su equivalente municipal, el monto a erogar en el siguiente ejercicio fiscal por concepto de las prestaciones a que tienen derecho los trabajadores activos y pensionados del sector que presente déficit.
Ese monto sería incluido en la propuesta de presupuesto y el Congreso o los Cabildos verificarán que el monto presupuestado para hacer frente al pago de las prestaciones, sea incluido en el presupuesto egresos correspondiente.