Integrantes de organizaciones civiles y de la sociedad civil suscribieron un manifiesto en el que piden que las expresiones de las protestas se concentren en sus exigencias pero no afecten el patrimonio común, demandaron seguridad y estado de derecho, reivindicación del espacio público y del patrimonio intangible y constituirse en agentes de paz para evitar las adversidades.
Manifiesto exige protección del patrimonio histórico
Los firmantes precisaron que el Estado debe garantizar, sin excepción, el resguardo de todos los inmuebles históricos, civiles y religiosos, porque los templos de culto público son propiedad de la nación y su daño constituye un delito federal, que debe ser investigado y sancionado conforme a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, bajo las disposiciones de los artículos 36 y 52 y con base en el artículo 16 de Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.
Garantías para la libertad de culto
Exigieron que se garantice el derecho constitucional a la libertad de culto, asegurando que los templos permanezcan seguros y abiertos y que los actos religiosos no deban suspenderse por falta de garantías de seguridad por parte del Estado, según lo que obliga el artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para el caso de la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión.
La demanda surge luego de que la Iglesia del Sagrario sufrió daños en su fachada tras la marcha feminista del 8M.
Entre las organizaciones firmantes del desplegado están la organización El Gran Tunal, el Colegio de Arquitectos, Nuestro Centro y representantes juveniles de la sociedad civil.