El exalcalde de la capital Xavier Nava Palacios informó que el Registro Agrario Nacional (RAN) confirmó ante un juzgado que el área donde fue construido el puente vehicular que cruza el bulevar Españita y la Avenida Industrias y alimenta a la desviación hacia el bulevar San Luis con dirección a la Zona Industrial, no invade terrenos ejidales.
Mencionó que el único que tiene la información verídica y oficial de las propiedades es el RAN y actúa de la misma forma que el Registro Público de la Propiedad y del Comercio y desde el año 2001, quedó oficialmente registrado que el ejido está compuesto de tres polígonos, conocidos oficialmente como “3-1”, “3-2” y “3-3”, ubicados en áreas plenamente identificadas, que no invaden el derecho de vía del bulevar Antonio Rocha Cordero, ni del bulevar San Luis. Las vialidades están totalmente liberadas y no cruzan el ejido.
“Esa es la propiedad del ejido y no hay más; no te pueden decir ‘ah, fíjate, es que nos encontramos otro pedazo de tierra’, no... ¿de dónde lo sacaron?, la tierra no se inventa y es la que está ahí físicamente”.
Explicó que el juzgado que lleva la causa, preguntó al RAN, “dinos si estos polígonos son los que forman el núcleo agrario actual”, y con base en esa pregunta, el RAN informó que exactamente esos son los polígonos y en el núcleo agrario, esas son las superficies de terreno que tiene el ejido en propiedad y no hay más; no hay otra.
“Para mí, la única trascendencia que tiene este asunto es totalmente político, porque ¿cómo es posible que el Congreso hubiera tomado una decisión antes de que hubiera fallado el tribunal o un juzgado en este caso?”.
Recordó que tanto la zona del bulevar Antonio Rocha Cordero como la zona del bulevar San Luis, siempre han sido vialidades liberadas, del dominio público y de utilidad pública, es calle y fue construida la infraestructura sobre ese derecho de vía liberado.
¿Indemnizar al ejido?
Nava Palacios informó que la Comisión Edilicia de Hacienda del actual Cabildo, revisa llegar a un acuerdo para indemnizar al ejido, maniobra que calificó como ilegal, porque no son tierras ejidales y ya lo dijo el RAN.
“¿Cómo se piensa pagar unas tierras en 12 millones de pesos, en las que no se sabe cómo le hará el ejido y el Ayuntamiento de la capital para demostrar la propiedad y cómo el Ayuntamiento va a comprar unas tierras en las que se tiene que tener la certeza de que el vendedor es el legítimo propietario?”.
Explicó que cualquier flujo de dinero público de la alcaldía hacia los ejidatarios es ilegal, si se considera que el ejido no tiene los certificados de propiedad, porque las 540 hectáreas dadas al ejido en 1928, han sufrido cuatro expropiaciones y una parte de ellas se fue para hacer la Zona Industrial, para construir la colonia Cecilia Occelli y para otros diversos usos y allí están esas expropiaciones en las que ya no está el ejido.
“Si se les pagó o no se les pagó a los ejidatarios esa es otra cosa y tendrán que reclamarlo por otra vía. Yo no sé si se les pagó o no, pero lo de esas tierras sucedió hace muchísimos años y aparte no están dentro del polígono del bulevar Antonio Rocha Cordero”.
Juicio terminado, para borrar todo
Dijo que con esa supuesta compra están tratando de dar por terminado el juicio 288, presentado por el ejido contra el Municipio de la capital.
“Quieren dejar a los demás sin defensa, porque si se desisten del juicio y argumentan que ya les pagaron, el juzgado puede dar por terminado el proceso”.
Recordó que les promovieron juicio político porque supuestamente habían violado una suspensión y que se habían metido a terrenos del ejido y la parte acusada no se podría seguir defendiendo si con el desvío de los 12 millones, se da por terminado el juicio.
Explicó que en el proceso de fabricación de la terminación del juicio, hay una observación que tiene que ver con los supuestos 12 millones de pesos que vale la inexistente parte afectada, de la que por cierto presentaron un avalúo hecho por un particular y no por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Informó que detectaron que el avalúo detectado es posterior a la promesa de operación de compraventa. “¿Cómo sabían que eran 12 millones de pesos?”.
Dijo que lo único que están haciendo, además de destinar dinero a una operación que no es legal, es tratar de acabar un juicio en el que saben que no van a ganar.