Diputados sin compromiso Taxistas criminales
Se acabó la solidaridad en el Congreso. Aunque más bien, nunca la hubo, pues los diputados nunca cumplieron a cabalidad su compromiso de donar 25 mil pesos de su salario a instituciones de beneficencia pública.
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Asumida en septiembre de 2016 para paliar la indignación que causó el cuantioso aumento de sus ingresos que se dieron en el primer año de su gestión, la promesa de descontar esa suma a cada diputado nunca se concretó.
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De los 675 mil pesos que los diputados debían haber reunido, a lo más que se llegó fue a 564 mil pesos en diciembre de 2016.
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De ese techo, los legisladores locales llevaron sus buenas intenciones más allá del sótano, y tras una baja sostenida en las aportaciones, desde abril de este año no han entregado un peso a esa causa.
Si no había duda de la escasez de calidad moral en la actual legislatura, este hecho, ya en la recta final de su trienio, afortunadamente, los expone tal cual son.
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Pero todavía pueden ir más allá. Habrá que echarle un ojo a los últimos movimientos financieros que tenga a su cargo esta legislatura. Los antecedentes apuntan a que buscarían llevarse hasta las grapas.
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Y al final, merced una decisión del Tribunal electoral del Poder Judicial del Estado, el PRI le arrebató al PAN la diputación federal del distrito 07.
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Con ello, resulta que el desastre electoral del PRI en julio lo es u poco menos, pues se lleva tres de cuatro escaños.
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Aunque habrá que esperar la respuesta panista, que seguramente impugnará la decisión.
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Ayer se mencionaba la criticable tendencia de los taxistas de tomar arbitrariamente atribuciones por propia mano en el caso de la persecución de autos en las cercanías de la Fenapo para evitar el arribo de competidores de Uber.
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La madrugada de ayer, trabajadores de este gremio dieron un paso más allá y cruzaron la línea del delito grave con el asesinato de un joven que salía de un antro de Carranza.
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El cliente se enzarzó con un trabajador, al grado del pleito físico. Pero entonces se dio una de las prácticas más deleznables del gremio, que es responder en grupo a cualquier situación adversa que enfrentan.
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En una versión envilecida de la solidaridad gremial, la pandilla de taxistas la emprendió contra el joven, matándolo a golpes en la avenida más concurrida de la ciudad.
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El castigo de este crimen es obligatorio, tanto para darle justicia al joven asesinado, como para ponerle el alto a un gremio que, basado en al lógica de “echar montón”, se ha vuelto virtualmente intocable y se aprovecha de esa impunidad.
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El gobierno del estado, y concretamente la SCT tiene que demostrar que no habrá ninguna duda de que protege a estos delincuentes. No hacerlo tenderá sobre estas instancias una sombra de complicidad que sería muy difícil de quitar.