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Revisión ciudadana Veleidad legislativa


Dentro de la misma Auditoría Superior del Estado se reconoce que no está cerrada la posibilidad de que las controvertidas cuentas públicas 2016 puedan a ser revisadas, pese al sospechoso “carpetazo” que esta legislatura le dio el viernes al aprobar sin cambios los dictámenes heredados de la ASE infectada por la “Ecuación Corrupta”.



Así lo han entendido las organizaciones civiles que han emprendido contra los excesos, irregularidades y anomalías en que han incurrido los diputados de esta legislatura.


Es muy posible que el Frente Ciudadano Anticorrupción acuda a los mecanismos legales disponibles para exigir a la ASE que reabra los expedientes polémicos.



Independientemente del resultado, en caso de que las organizaciones civiles acudan a instancias legales para reabrir las cuentas será una experiencia novedosa, que podría generar un precedente en la fiscalización del ejercicio de los recursos públicos.

Las veleidades de los diputados locales generan situaciones bizarras. En febrero de este año, el dictamen para declarar al ex auditor Héctor Mayorga Delgado titular de la Unidad de Evaluación y control de la ASE fue bajado del Pleno, ante la imposibilidad de lograr un consenso que garantizara la mayoría calificada obligada para designarlo.

Medio año después, Mayorga Delgado alcanzó sin problemas esa meta, impulsado por el presidente de la Jucopo y de la Comisión de Vigilancia, Héctor Mendizábal Pérez.

¿Qué cambió para generar un resultado tan divergente? En los pasillos del Congreso se mencionan que más que causas inherentes al Legislativo, el motivo del resultado favorable está en el deseo de desquite de afrentas, reales o inventadas, atribuidas al Palacio de Gobierno.

La “sugerencia” desde el inmueble vecino no era Mayorga Delgado, pero en la bancada priista, fue como decirles a algunos que votaran en su contra. El resultado ya se conoce.

La Secretaría General de Gobierno debería incluir la revisión de antecedentes de sus funcionarios, luego le resultan sorpresas desagradables.

Quizá la investigación que abrió en 2010 el Tribunal Electoral del entonces Distrito Federal en contra de Hugo Ulises Valencia Gordillo, subsecretario aquí de la SGG no lo encontró responsable de irregularidades.

Pero el hecho es que fue destituido por las sospechas de haber estado involucrado en el esquema de extorsión y cobro de plazas de su superior. El juicio laboral emprendido por Valencia Gordillo, que se dirimió con un convenio, es prueba del despido.

¿Lo informaría al arribar al servicio público potosino?

El ex gobernador panista Marcelo de los Santos Fraga volvió a los reflectores de la política, ahora a nivel nacional, al aparecerse en la reunión del consejo nacional del CEN del PAN.

Ernesto Ruffo Appel presumió el apoyo del potosino y de otros ex gobernadores blanquiazules en la búsqueda de la dirigencia nacional, ahora que la cabeza de la corriente de Ricardo Anaya está en la bandeja desde el 1 de julio, cuando el PAN y el PRI fueron destrozados por AMLO.

El resultado en favor del ex mandatario de Baja California podría repercutir en una recuperación del peso de Marcelo a nivel local, lo que podría tener consecuencias en el proceso de renovación local.

¡HASTA MAÑANA!