Violencia vs. ellas Compra sospechosa
En el año que la incidencia delictiva sobrepasó los registros conocidos en San Luis Potosí, las mujeres también sufrieron el recrudecimiento de la violencia.
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Casi cien mujeres fueron asesinadas a lo largo del año pasado. De ellas, casi el 30 por ciento de los crímenes fueron catalogados como feminicidios.
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Todos ellos fueron homicidios dolosos, lo que indica que o fueron cometidos con particular sevicia o fueron responsabilidad de la delincuencia organizada.
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El número también es un indicio de que las políticas contra los feminicidios, con todo y la alerta de violencia de género, no han funcionado adecuadamente.
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Otro foco rojo que encienden las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) es el número de violaciones que se registraron en 2018.
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Poco más de cien víctimas dan cuenta del problema. Y no es el único foco rojo en cuanto a violencia de género en San Luis Potosí. Hubo 184 denuncias de abuso sexual y otras 88 que denunciaron acoso.
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El tema de la violencia de género siempre debe estar en la agenda pública, aunque no siempre sea así. Podría ser que en una época en que el punto es sensible para un sector importante del sector público, concretamente en el Congreso del Estado, pueda registrarse un punto de quiebre que, por fin, se tomen medidas efectivas contra los crímenes contra ellas.
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El mecanismo de las empresas “fantasma” para destinar recursos públicos a un nebuloso destino no fue únicamente ejercido por la anterior Legislatura.
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El gobierno municipal de Ricardo Gallardo Juárez también incurrió en la misma actividad. Esto lo confirmó ayer Pulso al revelar el pago de más de un millón de pesos por presunta empresa cuya dirección es una menudería ubicada en Zapopan.
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La alcaldía capitalina de Xavier Nava Palacios anunció que presentará una denuncia, otra más, contra la administración antecesora.
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Es un paso, pero, dados los antecedentes del propio Congreso, que no ha tenido el más mínimo avance en las denuncias presentadas en casos de uso de empresas “fantasma” por parte de diputados, es muy probable que no haya resultado favorable alguno.
¿El Congreso del Estado está volviendo a las malas prácticas? La aprobación de la compra de equipo médico para clínicas del ISSSTE en la Huasteca merece una explicación de los diputados sobre por qué la compra.
En la más reciente sesión de la Junta de Coordinación Política, la decisión tomada en diciembre pasado de pagar poco más de medio millón de pesos por este equipo, ya provocó que algunos diputados lo tomaran como pretexto para demandar el regreso de las partidas para uso discrecional de los legisladores con el pretexto de la gestoría.
Habrá que recordar a los diputados que no es su responsabilidad este tipo de adquisiciones y también exigirles que transparenten la compra, si ya se hizo.
¡HASTA MAÑANA!