La violencia obstétrica no es un problema que se pueda resolver a través de la criminalización, porque es una medida que tiene como efecto individualizar el problema sobre el personal de salud señalado como responsable, sin responder a las cuestiones estructurales del sistema de salud.
Así lo explicó Camila Riva Palacio Rabadán, investigadora jurídica del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).
Recientemente, Yolanda Cepeda Echavarría, diputada del PRI, propuso sancionar al personal de salud que cometa violencia obstétrica con pena de prisión de entre dos y cinco años, además de una sanción económica de hasta 300 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, 31 mil 122 pesos.
En entrevista telefónica, la investigadora precisó que las cuestiones estructurales corresponden a la falta de insumos, de presupuesto y de personal de la salud que tenga la capacidad resolutiva para atender a las usuarias que requieran el servicio.
Sostuvo que penalizar con cárcel dicha violencia no atiende tales problemas, pues no se proponen medidas de reparación y no repetición a favor de las víctimas, ni tampoco contribuye a que las y los trabajadores de salud sean más abiertos y comprendan el problema.
“Una perspectiva punitivista no garantiza que el estado cumpla con la obligación de crear estas condiciones óptimas para que las mujeres y personas con capacidad de gestar puedan tomar decisiones libres, informadas y sin violencia sobre su destino reproductivo”, enfatizó.