La toma de las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) fue, según el diputado Héctor Serrano Cortés, una maniobra para distraer de la recomendación que señala al rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Alejandro Zermeño Guerra, por violaciones a los derechos a la igualdad, la no discriminación y el trato digno.
El coordinador de la bancada del PVEM afirmó que continuará con el procedimiento y recurrirá a otras instancias, incluso internacionales, para defender sus derechos.
La Recomendación 10/2026 deriva de la queja que Serrano presentó contra Zermeño después de que el rector cuestionara su origen y formación académica durante la discusión sobre las pensiones universitarias.
El 27 de marzo, el rector declaró: "Que yo sepa, él no es egresado de nuestra universidad, es más, creo que no es ni potosino". La queja fue presentada por escrito el 6 de abril y la resolución de la CEDH solicitaba una disculpa pública, dar vista al Órgano Interno de Control, registrar al legislador como víctima y capacitar en no discriminación y trato digno.
Serrano expresó que las autoridades señaladas podrían negarse a cumplir futuras resoluciones y cuestionó que se utilicen argumentos para evadir lo que, afirmó, la CEDH ya determinó.
Sobre la reparación integral contemplada en la recomendación, señaló que hasta el momento no ha recibido atención psicológica por parte del organismo y que espera que se cumpla lo establecido.
El coordinador del PVEM descartó promover reformas legislativas relacionadas con el caso y calificó como un pretexto la discusión sobre la ley de inteligencia artificial, al sostener que se utiliza para mantener un embate político en su contra.
También cuestionó a algunas activistas por recurrir a acciones violentas y rechazó que sus señalamientos se interpreten como una crítica generalizada a quienes defienden los derechos humanos. "Todo lo que a mi juicio rompa un Estado de derecho, lo voy a defender, lo voy a denunciar y voy a continuar", afirmó.
Finalmente, insistió en que la toma de la CEDH fue un distractor para influir en la resolución del CDU y advirtió que agotará las vías legales a su alcance, incluidas demandas civiles, denuncias y solicitudes de derecho de réplica.
Además, sostuvo que la negativa a aceptar recomendaciones puede afectar a otras personas que recurran al organismo por presuntas violaciones a sus derechos.