En febrero próximo podrá establecerse una estadística sobre cuántas personas presentaron demandas, en contra de multas impuestas durante la instalación de puntos de revisión antialcohol, estimó María Eugenia Reyna Mascorro, magistrada presidenta del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA).
Durante diciembre pasado, algunos ayuntamientos determinaron colocar lugares en la vía pública donde realizaron verificaciones a conductores, consistente en determinar si manipulaban los automotores bajo los influjos de bebidas embriagantes.
Puntualizó que hasta el momento el TEJA no cuenta con información de medios presentados en ese sentido, dado que los demandantes tienen un plazo de 30 días para la interposición, por ende, si algún ciudadano fue multado a finales de diciembre esta en tiempo de impugnar.
En entrevista, refirió que muchos de los asuntos que atiende el órgano jurisdiccional, por ejemplo, los vinculados a hechos de tránsito con alguna autoridad, suelen tener algún tipo de ilegalidad.
“Algunas (de las principales autoridades sentenciadas) que deben regresar alguna multa, algunas son estatales como pueden ser la multas que se imponen en Comunicaciones y Transportes (…) la mayor parte de las sanciones que se devuelven, son sanciones pequeñas”, dijo.
Complementó que, para este ejercicio fiscal 2022, el Congreso del Estado asignó una partida presupuestal similar a la de hace dos años, es decir, poco más de 59 millones de pesos. “No sufrimos recorte y quedamos igual”.