La Auditoría Superior del Estado convalidó la denuncia hecha por Ciudadanos Observando hace dos años de que seis ex legisladores panistas utilizaron, sin consentimiento, la identidad de una comerciante para justificar irregularmente el gasto de 1.1 millones de pesos en presuntos apoyos legislativos, aseveró la organización de la sociedad civil.
En un comunicado, Ciudadanos Observando se refirió a los resultados de la fiscalización de la ASE a gastos realizados por la pasada Legislatura en 2015, 2016 y 2017. Al detectar anomalías por 11.3 millones de pesos, indica la organización, la ASE confirmó la validez de las denuncias realizadas por el organismo y por diversos medios en torno a las irregularidades registradas en la partida de Gestoría Institucional.
La Auditoría Superior del Estado detectó uso de empresas “fantasma” y de beneficiarios simulados en estos procedimientos.
Y en particular, en parte de la fracción panista, informó la organización, comprobó que seis legisladores panistas usaron ilegalmente los datos de la empresaria Adriana Angélica Peredo Gómez, para simular operaciones por 1.1 millones de pesos. Tras usar las facturas apócrifas, los legisladores las cancelaban.
El Congreso, relató la organización, en su respuesta para solventar la observación, argumentó que la responsable de la cancelación era la persona física que facturaba.
Sin embargo, en su defensa, la afectada aseguró que ella jamás trabajó ni realizó actividad alguna para esos diputados y que nunca ha tenido relación alguna con el Congreso del Estado, ni ha recibido ningún pago.
Asegura haber sido víctima de un robo de identidad y presentó copia de una denuncia penal que involucra a los seis diputados panistas y a un familiar que trabajó como contadora con Héctor Mendizábal, uno de los diputados denunciados penalmente.
Ciudadanos Observando indicó que Josefina Salazar, Mariano Niño, Héctor Mendizábal, Enrique Flores, Héctor Meraz y Xitlálic Sánchez fueron encontrados por la Auditoría Superior del Estado como responsables de utilizar a una mujer para que les facturara todos los apoyos legislativos y luego se cancelaban las facturas “generando con esto un fraude”.
La organización recordó que, desde el 18 de febrero del año 2018, los legisladores fueron denunciados y que hasta ahora, la Fiscalía General del Estado mantiene congelada la querella, “mostrando una descarada protección a estos personajes”.