La ausencia de una Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada en San Luis Potosí detonó una protesta del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros durante la presentación de un evento nacional en la que participaría el gobernador Ricardo Gallardo y al cual finalmente no llegó.
Las activistas acusaron al Congreso y a la Fiscalía General de incumplir una obligación establecida desde 2017 en la Ley General en la materia.
Edith Pérez Rodríguez, representante del colectivo, rechazó que la ausencia de esta instancia se justifique por falta de recursos o por la necesidad de armonizar la legislación estatal y cuestionó que desde el Legislativo se plantee hasta noviembre de 2026 como plazo para atender el amparo promovido por las familias.
Reveló que tras la visita de la comisionada nacional de búsqueda, Martha Lidia Pérez Gumecindo, las familias colaboraron para que el estado accediera a más de 26 millones de pesos de recursos federales, de los cuales la entidad debe aportar sólo 15 por ciento. Sin embargo, señaló que no existe claridad sobre la aplicación de ese presupuesto, mientras las madres buscadoras continúan realizando labores de campo en condiciones de alto riesgo.
Reclamaron la remoción de Luz María Montes Mariano de la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas, a quien reconocen como la única funcionaria con compromiso hacia las víctimas, y cuya reasignación al área de narcomenudeo consideró un retroceso en la atención de los casos de desaparición.