La Fiscal General, Ernestina Godoy Ramos, presentó por la noche del jueves los resultados de la investigación de la FGR que desmanteló lo que calificó como "la más grande red de contrabando de combustible detectada hasta el momento". En la misma, involucró al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel.
Al exponer los hallazgos, la Fiscal describió una compleja estructura empresarial, financiera, aduanera y logística dedicada a introducir combustible al país mediante declaraciones falsas, con un esquema que, afirmó, alimentaba tanto la evasión fiscal como el financiamiento de organizaciones criminales.
La red operaba mediante un esquema de importación fraudulenta de combustibles desde refinerías de Texas, en Estados Unidos.
Al ingresar el producto a México, las empresas declaraban el 10 por ciento de la capacidad de los ferrotanques o registraban el cargamento como si se tratara de otros productos para reducir el pago de impuestos.
Una vez en territorio nacional, el combustible era trasladado por ferrocarril hasta espuelas ferroviarias, donde era descargado sin los permisos correspondientes y transferido a pipas y tractocamiones de distintas empresas para su distribución y comercialización ilegal en varios estados del país.
La FGR estimó que 15 millones 299 mil 830 litros de combustible no fueron declarados ante las autoridades, lo que representó una evasión de 88 millones 511 mil 516 pesos por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), además de 18 millones 289 mil 304 pesos correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA), para un daño inicial superior a 106 millones 800 mil pesos.
Sin embargo, al ampliar las pesquisas sobre 4 mil 238 operaciones de importación realizadas entre enero y julio de 2025, la FGR calculó que el perjuicio a la Hacienda Pública superó los 4 mil millones de pesos.
En ese sentido, la FGR identificó al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, como una pieza clave en el origen de la estructura empresarial que, según las investigaciones, dio paso a esta amplia red de contrabando de hidrocarburos.
Ernestina Godoy señaló que las pesquisas permitieron establecer que "esta estructura comenzó a operar a través de una empresa vinculada con actividades de servicios portuarios, dragados y operación de puertos, fundada por Ernesto" Ruffo Appel, es decir, Ingemar.
"Las empresas relacionadas con esta red se dedicaban formalmente a la importación de productos derivados del petróleo. Sin embargo, al momento de introducir la mercancía a México desde Estados Unidos, declaraban cantidades menores a las reales o registraban productos diferentes a los que efectivamente estaban transportando.
El producto provenía de refinerías ubicadas en Texas, Estados Unidos, y era distribuido principalmente en Coahuila, Durango y Zacatecas", explicó la Fiscal.
No obstante, una infografía de la FGR, amplió este viernes la información, señalando que a través de tareas de investigación se revisaron datos para dar con los integrantes de esta red, como personas, representantes legales, empresas, socios, domicilios y documentación administrativa.
La FGR señaló que se verificaron centros de operación en Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Veracruz y la Ciudad de México, detectando 25 objetivos y a personal de agencias aduanales.
Godoy confirmó que, como resultado de esta primera etapa de la investigación, se obtuvieron órdenes de aprehensión contra las 25 personas, entre Ruffo Appel y otros cuatro presuntos integrantes de la red que ya habían sido detenidos al momento del anuncio.
Desde que el nombre de Ingemar apareció en las investigaciones, Ruffo Appel rechazó cualquier participación en actividades ilícitas.
Aunque Ruffo aseguró estar dispuesto a entregar toda la documentación de la empresa para demostrar la legalidad de sus operaciones, enfrentó también los señalamientos del empresario Ricardo Thompson, cofundador de Ingemar.
Thompson acusó públicamente a Ruffo Appel y a José Valdés Cuervo de haberlo despojado de sus acciones y del control administrativo de la compañía.
Según su versión, él y su hijo fueron excluidos de una asamblea celebrada en noviembre de 2018, perdiendo desde entonces su participación en la empresa.
"Desde esa fecha Ernesto Ruffo y José Valdés Cuervo administran la empresa y se benefician con la importación de combustible. Desconocemos si Ernesto Ruffo y Valdés Cuervo se dedican al huachicoleo", declaró Thompson al diario El Vigía.
Ingemar fue constituida en octubre de 2018 con un capital social de apenas 50 mil pesos y un objeto social sumamente amplio, que iba desde actividades inmobiliarias hasta servicios de construcción, informó previamente El Universal.
Meses después modificó su acta constitutiva para incursionar en el negocio de los hidrocarburos, incorporando actividades de importación, exportación, almacenamiento y comercialización de combustibles.
En 2023, según la misma información, obtuvo un permiso extraordinario para importar hasta 500 millones de litros de gasolina, diésel y turbosina, pese a que el Gobierno federal mantenía congelados miles de permisos similares.