La propuesta de reforma a la Ley de Protección y Conservación de Árboles Urbanos del Estado fue respaldada por el director de Servicios Municipales de la capital, Christian Azuara, quien consideró que elevar estas disposiciones al ámbito estatal ayudaría a fortalecer la protección del arbolado en los municipios de San Luis Potosí.
Sin embargo, advirtió que la iniciativa puede reforzarse, particularmente en los criterios de compensación por tala, para que las medidas sean más estrictas y consideren las características de cada ejemplar.
El funcionario señaló que una de las iniciativas planteadas por la diputada Gabriela Guadalupe Martínez Vázquez, relacionada con restringir la tala por motivos de obras o construcciones, coincide con criterios que ya se aplican en el Ayuntamiento.
Explicó que actualmente cualquier solicitud de derribo debe pasar por estudios de impacto ambiental realizados por las áreas de Servicios Municipales y Gestión Ecológica para determinar si existe o no justificación técnica.
Azuara sostuvo que los proyectos de infraestructura deberían adaptarse a las condiciones del entorno y no al revés, por lo que consideró adecuado que la legislación establezca que la conservación de los árboles sea la primera alternativa antes de autorizar un derribo. No obstante, insistió en que la normativa debe ser lo suficientemente rígida para evitar que las obras utilicen la tala como una salida sencilla.
Respecto a la obligación de plantar tres árboles por cada ejemplar retirado, recordó que el Reglamento de Parques y Jardines de la capital ya contempla medidas de compensación ambiental, aunque advirtió que en algunos casos las reposiciones pueden alcanzar hasta 15 árboles, dependiendo de factores como la edad, tamaño, grosor del tronco y extensión de la copa del ejemplar afectado. "No vale lo mismo talar un árbol pequeño que uno de gran tamaño", planteó.
El director consideró que la iniciativa debería reconocer estas diferencias para evitar que una compensación fija resulte insuficiente en determinados casos y, al mismo tiempo, impedir que una disposición estatal limite criterios municipales más exigentes.
También destacó que en la capital ya existen mecanismos para proteger más de 250 árboles catalogados como Patrimonio, por lo que confió en que el Congreso fortalezca la propuesta durante su análisis en comisiones.