La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) volvería a revisar la reforma electoral de San Luis Potosí, luego de que el partido Somos México promovió una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto 0571.
El recurso sostiene que el Congreso del Estado volvió a modificar la legislación sin consultar a personas con discapacidad ni a pueblos y comunidades indígenas, pese a resoluciones previas del máximo tribunal.
La activista Catalina Torres Cuevas explicó que la impugnación se basa en dos presuntas violaciones. La primera, el incumplimiento de una sentencia de la SCJN que obligaba al Congreso a realizar consultas antes de emitir nuevas reformas. La segunda, haber modificado nuevamente la ley sin cumplir ese procedimiento. Aclaró que la acción no busca sancionar a las y los diputados, sino que la Corte determine si el proceso legislativo fue constitucional.
El Congreso ya había sido señalado por la Suprema Corte por este mismo motivo. En 2020 invalidó la totalidad de la legislación electoral por falta de consultas y, en 2022, anuló nuevamente diversas disposiciones al considerar insuficiente el procedimiento realizado. Aunque el plazo para cumplir esa sentencia venció en octubre de 2025, las consultas no se realizaron y en 2026 se aprobaron nuevas modificaciones.
Torres Cuevas informó que la acción fue elaborada inicialmente para que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), presidida por Giovanna Itzel Argüelles Moreno, la presentara ante la SCJN. Sin embargo, el organismo rechazó promoverla, por lo que el documento fue retomado y ajustado por Somos México para llevar el caso al máximo tribunal.
La activista cuestionó la decisión de la CEDH al considerar que correspondía a la Suprema Corte, y no al organismo, determinar la constitucionalidad de las reformas. Además, informó que, tras la negativa de la Comisión y los hechos ocurridos durante la manifestación del viernes pasado, presentaron una queja contra el secretario ejecutivo Miguel Ángel Carvajal y una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos por la agresión denunciada por la abogada Xóchitl Tolentino Alonso.