El Congreso del Estado aprobó una reforma que introduce un nuevo filtro para el ejercicio del gasto social en los municipios, al condicionar el reconocimiento y la prioridad presupuestal de los programas sociales a su permanencia en el tiempo. La medida redefine las reglas, bajo las cuales, los ayuntamientos podrán acceder a apoyos estatales y federales en materia de desarrollo social.
Con la adición del artículo 32 Bis a la Ley de Desarrollo Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, solo los programas que acrediten al menos dos ejercicios fiscales consecutivos podrán ser registrados como Programas Prioritarios Municipales ante el Sistema Estatal de Desarrollo Social. Este registro deberá renovarse de manera anual, lo que coloca a los municipios bajo un esquema de evaluación constante para mantener ese estatus.
La iniciativa, presentada por el diputado Fernando Gámez Macías del PVEM, se da en un contexto de cuestionamientos sobre la efectividad de los programas sociales y su uso como herramienta de política pública.
Aunque la reforma se plantea como un mecanismo para reducir la pobreza y la desigualdad, el criterio central aprobado se basa en la continuidad de los programas, más que en la medición de su impacto social.
El registro otorgará reconocimiento institucional, prioridad en el ejercicio del gasto social municipal y preferencia en la gestión de apoyos estatales y federales. Sin embargo, la Secretaría de Desarrollo Social del Estado será la encargada de definir los lineamientos técnicos para el registro y la evaluación, lo que concentra en el ámbito estatal la validación de los programas municipales.
La reforma se sustenta en la autonomía municipal reconocida en el artículo 115 de la Constitución federal, pero también abre un nuevo escenario de control sobre la política social local. En un entorno donde los gobiernos federal y estatal concentran buena parte de la política social, la modificación legal busca reconfigurar el papel de los municipios en la atención de sectores vulnerables y en la definición de sus propias prioridades presupuestales.