Hasta ahora, 36 ayuntamientos aprobaron la reforma constitucional que modifica los requisitos para ocupar la titularidad de la Fiscalía General del Estado (FGE).
San Nicolás Tolentino y Tamuín fueron los únicos municipios que votaron en contra, de acuerdo con el cómputo de 38 actas presentado ante el Congreso del Estado.
Con la mayoría de votos municipales, la reforma cumplió el requisito establecido en el artículo 138 de la Constitución local y la Diputación Permanente realizó la declaratoria formal de aprobación. El Pleno legislativo había avalado previamente la modificación el 12 de agosto, con 17 votos a favor y seis en contra.
Entre los cambios aprobados se encuentra la eliminación de la referencia que sujetaba los requisitos para ser titular de la Fiscalía a los establecidos para las magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia. El artículo 122 Bis ahora establece condiciones específicas para el cargo, entre ellas tener nacionalidad mexicana por nacimiento, 35 años cumplidos y título y cédula profesional de Derecho con una antigüedad mínima de cinco años.
La persona designada deberá haber residido en San Luis Potosí durante los dos años anteriores y acreditar al menos cinco años de experiencia en procuración de justicia, litigio, docencia, investigación jurídica, servicio público o asesoría legal. La reforma elimina así el requisito de haber nacido en la entidad para acceder al cargo.
También se establecen impedimentos relacionados con violencia familiar, delitos contra las mujeres por razón de género, delitos contra la libertad sexual o el desarrollo psicosexual, adeudos alimentarios, faltas administrativas graves e inhabilitaciones. Asimismo, se fijan restricciones para quienes hayan ocupado la Gubernatura, una diputación local o una presidencia municipal durante el año previo, así como para quienes hayan sido dirigentes de un partido político en los tres años anteriores.
La reforma no modifica el nombramiento de María Manuela García Cázares como actual titular de la Fiscalía. El artículo tercero transitorio establece que continuará en el cargo bajo las condiciones de su designación original, por lo que los nuevos requisitos no tendrán aplicación retroactiva.