La reforma que estableció nuevos requisitos para ocupar la titularidad de la Fiscalía General de San Luis Potosí (FGE) fue impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El recurso cuestiona los cambios al artículo 122 Bis de la Constitución estatal, aprobados por el Congreso local y publicados el 2 de septiembre mediante el Decreto 0589.
La acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) quedó registrada con el expediente 130/2026 y fue turnada a la ministra María Estela Ríos González.
En el procedimiento aparecen como autoridades demandadas los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado.
Hasta ahora, la información pública no detalla cuáles disposiciones fueron impugnadas ni los argumentos presentados para solicitar su invalidez.
Con la reforma se estableció un periodo de siete años en el cargo, sin posibilidad de reelección, y requisitos como tener al menos 35 años, ser mexicano por nacimiento, contar con título y cédula profesional en Derecho con cinco años de antigüedad y acreditar residencia de dos años en el estado.
También se exige una trayectoria profesional mínima de cinco años en áreas como procuración de justicia, litigio, docencia, investigación jurídica, servicio público o asesoría legal.
Las nuevas disposiciones impiden el acceso al cargo a personas con sentencia firme por violencia familiar, delitos contra las mujeres por razón de género o delitos sexuales; a quienes aparezcan en el padrón de deudores alimentarios morosos, hayan recibido sanciones administrativas graves o estén inhabilitados para ejercer funciones públicas.
También excluyen a quienes hayan ocupado la gubernatura, una diputación local o una presidencia municipal durante el año previo a la designación, así como a quienes hayan dirigido un partido político en los tres años anteriores.
La reforma incorporó un artículo transitorio que establece que las nuevas condiciones no se aplicarán retroactivamente a la actual fiscal, María Manuela García Cázares.
El Congreso aprobó los cambios con 17 votos a favor y seis en contra, y estos recibieron el respaldo de 36 ayuntamientos antes de su publicación oficial.