El magistrado Juan Pablo Gómez Fierro, integrante del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y abogado originario de San Luis Potosí, anunció que no aspirará a la candidatura para el mismo cargo a través de una elección popular el próximo 15 de octubre. Argumentó que no puede respaldar un sistema de selección basado en popularidad o azar, ya que esto desvirtuaría los méritos necesarios para ocupar las máximas responsabilidades dentro del Poder Judicial de la Federación.
Gómez Fierro, quien también se desempeñó como Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, expresó su preocupación por la reforma constitucional que impulsa cambios profundos en el sistema judicial. Según explicó, esta reforma, que no fue gestada por un poder constituyente sino por uno constituido, conlleva riesgos importantes. Comparó el proceso con el Congreso Constituyente de 1917, encabezado por Venustiano Carranza, subrayando que la actual reforma carece de un origen similar en cuanto a legitimidad y profundidad.
En un foro organizado por el Grupo Plural de Ciudadanos Potosinos, moderado por Concepción Guadalupe Nava Calvillo, Alejandro Zapata Perogordo y Juan Manuel Leos Herrera, el magistrado señaló cinco puntos críticos de la reforma judicial. Entre ellos, mencionó la sustitución completa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la reducción de 11 a 9 ministros, la creación de un nuevo órgano administrativo en lugar del Consejo de la Judicatura Federal y la aparición de un Tribunal de Disciplina Judicial. Asimismo, advirtió sobre la posible desaparición del juicio de amparo tal como se conoce hoy en día, la replicación del modelo de justicia federal en los estados y la implementación de la elección popular para jueces y magistrados, tanto de la Suprema Corte como del Tribunal de Disciplina y tribunales federales.
Ante una audiencia compuesta por miembros de diversos sectores, así como jueces y magistrados de los poderes judiciales locales y federales, Gómez Fierro enfatizó que la reforma representa una amenaza directa a la independencia judicial, lo cual comprometería la protección de los derechos humanos de los ciudadanos.