El juez federal del Noveno Circuito, Omar Rostro Hernández, advirtió que se corre el riesgo de que las decisiones judiciales se tomen desde el punto de vista político.
Advirtió que ello traería consecuencias catastróficas para la economía del país, porque disminuiría el espíritu garantista de la justicia mexicana, habría desconfianza en las inversiones y un eventual retiro de inversionistas.
Dijo coincidir con el magistrado Juan Pablo Gómez Fierro, en el sentido de que la reforma judicial pone en grave riesgo los términos acordados para el tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).
Explicó que con la reforma al Poder Judicial se está afectando una serie de acuerdos previos, establecidos por el estado mexicano, en el contexto del T-MEC, sobre todo en la profesionalización de la justicia mercantil y la justicia laboral, que es la que impacta en el aspecto económico.
Aseguró que habrá pronunciamientos, sobre todo de los países firmantes del T-MEC, porque va a variar la calidad de las decisiones judiciales y se va a regresar a un sistema legal más deficiente.