Piden a la CEDH ir vs ley halconeo

Solicitan a la Comisión combatir reforma por violar la libertad de expresión y la vigilancia ciudadana a autoridad

Por criminalizar el periodismo y la vigilancia ciudadana, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) debe presentar una acción de inconstitucionalidad contra las recientes reformas al Código Penal que sancionan el delito de "halconeo", señaló el abogado Luis González Lozano.

El también representante de la organización ambientalista Cambio de Ruta anunció que solicitará a la Comisión que tome esa medida porque, señala, criminaliza el periodismo y vigilancia ciudadana que hacen entre otros los defensores de derechos humanos. En ese sentido, indicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya falló en una legislación anterior, de corte similar, en la cual declaró inconstitucional por violar la libertad de expresión.

El abogado recordó que su experiencia previa como consejero de la CEDH y activista climático señaló que no se puede permitir que se criminalice el derecho a vigilar autoridades.

En el texto de la solicitud, de la cual este medio tiene copia, el abogado señala que el decreto legislativo 0207, en vigor desde ayer, reforma el artículo 343 y adiciona el artículo 293 quáter en el Código Penal del Estado.

Entre las principales violaciones a las garantías, el abogado señala a la libertad de expresión, expresamente a los artículos 6° y 7° constitucionales, así como el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Lo anterior debido a que genera un efecto inhibitorio en el ejercicio del periodismo de investigación la vigilancia ciudadana sobre actos de autoridad, el derecho de acceso a la información pública, las actividades de defensa de derechos humanos y la documentación de impactos ambientales y climáticos por parte de activistas

"La defensa de la libertad de expresión y el combate a la criminalización de la vigilancia ciudadana son misiones fundamentales de la CEDH", señala y resalta que la acción de inconstitucionalidad "representa una oportunidad histórica para reafirmar el compromiso institucional con los derechos humanos en San Luis Potosí".