Antes que sancionar la libertad de expresión, las leyes contra ese delito deben estar exentas de consideraciones políticas y centrarse en defender a víctimas de la extorsión, advirtió el coordinador de la Alianza Empresarial Potosina y presidente local de la Confederación Patronal de la República Mexicana Coparmex, Luis Gerardo Ortuño Díaz Infante.
En entrevista, el empresario señaló que tanto individuos como empresarios están enfrentando de manera cotidiana este delito.
Añadió que lo más inadecuado es atacar a la libertad de expresión cuando el estado ni siquiera ha garantizado la seguridad de los periodistas, quienes han sufrido desapariciones, asesinatos y ataques frecuentes.
Ortuño Díaz Infante dijo que las reformas legales, antes que atacar la libertad de expresión, deberían ir encaminadas a atender aspectos más puntuales para prevenir y sancionar la extorsión que afecta a los motores de la economía personas y empresas, porque el resto de las intenciones está más ligada a la política que a la solución de un problema añejo que ha puesto de cabeza la seguridad del país.
Añadió que cualquier decisión en esa materia debería ir enfocada en atacar el problema desde el punto de vista de las personas que dañan a los ciudadanos, y el tema político tiene que quedar fuera de cualquier acción relacionada con lo que debería hacer nada más el combate al delito.
Recordó que esas reformas que lo único que hacen es atender con puntualidad los casos de la libre expresión y abrir la puerta para que un ministerio público acuse de extorsión aunque no sea cierto, no son más que manifestaciones de la contaminación política de la aplicación de la ley.