En comparación con el año pasado, en este 2018, se redujo en 11.2 por ciento el número de declaraciones 3 de 3 de funcionarios estatales obligados a presentarlas, de acuerdo a datos de la Contraloría General del Estado (CGE).
Al vencerse el plazo de presentación el último minuto del jueves 31 de mayo, la página de internet de la CGE contabiliza dos mil 839 expedientes que incluyeron declaración patrimonial, de intereses y fiscal.
En comparación con lo registrado en 2017, hubo una disminución de 360 declaraciones, pues entonces se recibieron tres mil 199 expedientes.
La obligación de presentar estos documentos queda establecida en la fracción XVII del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado.
En el Ejecutivo, los sujetos obligados son desde el gobernador del Estado, hasta los jefes de departamento. En cuanto a la Procuraduría General de Justicia del Estado, también los agentes del Ministerio Público y los agentes de la Policía Ministerial.
Y para órganos de la administración pública paraestatal, los obligados a presentarlas son los directores generales, gerentes, jefes de departamento, servidores públicos equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones similares, y fideicomisos públicos.
En la misma Ley, se establece como una falta sancionable la omisión de actualizar la información referida a las obligaciones de los funcionarios.