El que la política de regulación de armas de fuego esté a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), provoca que el estado y los municipios se deslinden del problema, advirtió Francisco Salazar Soni, académico y analista en seguridad pública.
"En San Luis Potosí ni el tipo penal de arma de fuego tenemos. Tenemos armas prohibidas, lo que es machete, manopla y una serie de situaciones, pero si te agarran con un arma de fuego, te ponen a disposición del Ministerio Público federal", manifestó Salazar Soni en entrevista.
Este fin de semana se reveló que, en 37 meses de la administración del gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, en San Luis Potosí se contabilizan mil 663 víctimas de homicidio doloso, de las cuales el 74 por ciento fueron asesinadas con arma de fuego. Es decir, casi cada ocho de cada 10 fallecidos murieron por ese tipo de armamento.
El analista argumentó que no se cuenta con una política integral sobre control de armamento, y lo más cercano a ello corresponde al canje ocasional del mismo por algunos artículos, a cargo de la Defensa Nacional.
"Pero eso no funciona. Aparte, no se tienen datos sobre la comercialización, de la disponibilidad, de la distribución y del tráfico de uso de armas. Lo único que se tiene, son cálculos conservadores que entran unas 200 mil armas al año, por la frontera México-Estados Unidos", complementó.
Salazar Soni manifestó que estimaciones de especialistas en seguridad, calculan que en la república existen 18.8 millones de armas de fuego en manos de civiles, la mayoría manejada a través del mercado negro, es decir, una tasa de 13 a 14 artefactos por cada 100 habitantes.